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El decreto de estado de alarma ha dejado en la estacada a millones de consumidores de marihuana que conseguían la hierba en los clubes cannábicos que florecen por toda la geografía española. La mayoría ha cerrado desde el pasado 15 de marzo, tanto por «responsabilidad» como por «miedo», según nos explica en esta entrevista el abogado mallorquín Martí Cànaves, de DMT Advocats, representante legal de varias asociaciones cannábicas y que ha aprovechado el actual estado de alarma para reclamar los derechos de los consumidores, especialmente de marihuana medicinal: «El cannabis debería ser un servicio esencial, también durante el estado de alarma».

¿Por qué crees que el cannabis debería ser considerado un “servicio esencial” durante el estado de alarma?

El decreto de estado de alarma no suspende los derechos fundamentales, como asociación, reunión o salud. Sin embargo, mientras otros negocios han sido reglamentados, los clubes de cannabis no aparecen mencionados, lo que deja desatendidos a millones de consumidores.

¿De cuántos consumidores estamos hablando?

Alrededor de medio millón de marihuana medicinal y otros dos millones de recreativa, aunque estoy en contra de la distinción: el bienestar es considerado un derecho por la propia OMS y la marihuana también es medicinal para quien quiere relajarse o dormir mejor.

¿Cómo ha afectado el estado de alarma a los clubes cannábicos?

La mayoría ha cerrado, por dos razones: el primero, por responsabilidad, dada la situación sanitaria, y el segundo por miedo, ya que se han producido detenciones y aprehensiones por parte de las fuerzas del orden durante este período.

¿Y qué es lo que podrían hacer?

La ley se tiene que interpretar según la realidad social del momento. El estado actual obliga o bien entrega a domicilio o bien en el local. Dado que en otros países ya lo han hecho, sentí que era oportuno hacer lo propio en La Garriga y otros clubes cannábicos, igual que se ha hecho en otros lugares, como Holanda o California.

¿Qué han respondido las administraciones?

La alcaldesa de La Garriga nos dijo que podíamos abrir durante el estado de alarma mientras no se consumiera en el interior del club. Sin embargo, esto tiene sus riesgos legales, necesitábamos un posicionamiento expreso, así que elevé la petición al Departamento de Salud de la Generalitat.

¿Y?

Aún no se han pronunciado.

Hay quien podría pensar que preocuparse de unos canutos en la situación actual es una frivolidad…

Lo que es una frivolidad es no tener en cuenta que millones de consumidores que utilizan el cannabis con fines de salud, sea recreativo o medicinal, se ven abocadas al mercado negro, entre ellos 250.000 personas que tienen patologías muy graves. No creo que sea una frivolidad exigir que el cannabis sea una actividad esencial cuando lo es, por ejemplo, el tabaco, que es mil veces peor.

¿Qué consecuencias tiene para estos enfermos no poder acceder legalmente a su remedio?

Muchas. Desde verse obligados a adquirir a analgésicos y opiáceos en la farmacia, -medicamentos más caros y con muchos más efectos secundarios- hasta recurrir al mercado negro, donde es imposible saber la calidad de lo que compras, amén de alimentar a las mafias.

¿Quién debería garantizar el derecho al acceso al cannabis, según la ley?

El acceso al cannabis es un derecho y el Estado está obligado a garantizarlo. Si no lo garantiza, incumple unos derechos fundamentales, y genera unos perjuicios a los usuarios, principalmente a los medicinales.

Creo importante destacar que según el artículo 51 de la Constitución, es el Ministro de Consumo el principal responsable de garantizar que las asociaciones cannábicas puedan estar abiertas durante todas las fases del estado de alarma.

Durante la última campaña electoral estuve en un acto de Podemos en el que se aseguró que, de llegar al gobierno, la legalización del cannabis estaría sobre la mesa. Sin embargo, la ley sigue igual que siempre.

Aquí estamos hablando de hipocresía política, que es el principal problema que tenemos en España. Podemos, PSOE e incluso Ciudadanos se habían posicionado a favor de la despenalización, pero cuando llegan al poder la cosa cambia. Al final resulta que “nunca es el momento” para afrontar este problema.

Sin embargo, “el momento” es idóneo, con la crisis que se nos viene encima y los recursos económicos y de empleo que generaría una legalización del cannabis.

Las implicaciones económicas de una regularización serían enormes, empezando por el empleo, siguiendo por el desarrollo del sector rural y finalizando con el pago del IVA por la compra de cannabis, haciendo aflorar una gigantesca bolsa de economía sumergida. Estamos hablando de una cifra de alrededor de 1.800 millones de euros, según los estudios que manejamos.

¿Por qué no se lleva a cabo, entonces?

Seguramente el negocio de la prohibición genera más negocio que la propia droga.

BONUS TRACK: «España destronó a Holanda en el mundo de la marihuana, pero la ley sigue igual que hace veinte años»