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El sector empresarial cannábico español es uno de los más pujantes e innovadores del mundo. La comunidad científica, tanto nacional como internacional, tiene pruebas contundentes de la eficacia del cannabis medicinal, e incluso la industria farmacéutica se muestra receptiva ante las enormes posibilidades que ofrece la Cannabis sativa.

Sin embargo, la regulación del cannabis en España sigue rigiéndose por una ley franquista y tanto clubes de consumidores como asociaciones y empresas sufren un fuerte hostigamiento por parte de la fiscalía y las fuerzas del orden. ¿A qué se debe esta paradoja? El sector cannábico lleva años (décadas, en realidad) apuntando a la clase política para explicar el inmovilismo legislativo, pero en el recién celebrado  III Congreso CannabMed de cannabis medicinal se puso por primera vez nombre y apellidos al principal obstáculo para la regulación de la planta: el Partido Socialista Obrero Español.

Óscar Parés, subdirector de ICEERS, organizador del evento, calificó de «penosa» la actuación del Gobierno durante el reciente confinamiento en lo que respecta a los usuarios de cannabis medicinal, completamente olvidados por el Decreto de Estado de Alarma por la Covid-19.

En una rueda de prensa posterior, Parés puso nombre y apellidos al sector político que obstaculiza cualquier avance en la regulación del cannabis: «Cuando hablas con el PSC en Cataluña todo el mundo te dice que sí, pero en cuanto el debate llega a Madrid se detiene por completo. Allí, las posturas ya no siguen una lógica científica. Hay un sector del PSOE cuyas posturas están alineadas con la Sociedad Médica Colegial, con unos posicionamientos que dejan mucho que desear a nivel científico, y más relacionados con la moral».

«Faltan evidencias científicas»

Inmoral es precisamente el trato que se les está brindando a los cerca de 120.000 enfermos que utilizan cotidianamente el cannabis y sus derivados para paliar sus dolores y mejorar su calidad de vida. Cabe recordar que el pasado 15 de septiembre, el Ministerio de Sanidad respondió a una pregunta parlamentaria del PNV sobre el uso terapéutico del cannabis que «el nivel de evidencia científica disponible no es suficiente para recomendar un uso generalizado en pacientes».

Esta respuesta provocó la indignación de las asociaciones de pacientes, que han añadido la herida de su dolor físico la sal del hostigamiento policial durante el reciente confinamiento, período en el que muchos se han visto obligados a recurrir al mercado negro para conseguir su medicina. «El ministro [Salvador Illa] dice que no hay evidencia científica, pero lo que no tenemos es tiempo», estalló Javier Miravete, presidente del Terapéuticas Hierbas Castelló durante su intervención en CannabMed. Miravete lanzó un mensaje a los políticos: «Seguridad no la vamos a tener jamás, pero tenemos la evidencia de que nuestra calidad de vida está mejorando gracias al cannabis».

En el mismo sentido se expresó José Afuera, presidente de Confac (Confederación de Federaciones de Asocaciaciones Cannábicas), quien denunció la «brutal represión que está sufriendo el sector cannábico, una represión que empezó con las asociaciones y clubes cannábicos, pero ha seguido con los bancos de semillas, autocultivadores, grow shops, e incluso la criminalización de los usuarios de cannabis terapéutico, que han sido detenidas por la policía sin tener en cuenta la situación de estas personas».

Afuera calificó de «ineptos» a los políticos que están permitiendo este atropello, y también apuntó su dedo hacia el PSOE.

Unidas Podemos

Por supuesto, no todos los políticos son iguales y sería injusto que el 95% de los políticos ineptos ensuciara el nombre del 5% restante. A la tercera edición de Cannamed acudió un representante de la administración, Manel Rabanal, del Departamento de Salud de la Generalitat de Catalunya, y una política, la diputada Lucía Muñoz, de Unidas Podemos, grupo que acaba de elaborar un borrador sobre la legalización del cannabis, y que es el único partido que ha movido ficha a favor de la despenalización de la planta.

Muñoz explicó que la aprobación de la propuesta «va a ser más un laberinto que un recorrido lineal», y recordó que «si bien estamos en el Gobierno», el grupo parlamentario de Unidas Podemos sólo cuenta con 35 diputados, apenas un 10% del hemiciclo, de modo que «tendremos que seducir al resto de los políticos». La diputada de UP dedicó su propio epíteto a la clase política: «Me parecería una negligencia que la clase política no hagan propuestas serias sobre este tema».

No está de más recordar que en octubre de 2018, una propuesta similar de legalización del cannabis presentada por UP fue tumbada en el congreso, y no por el PP, sino por el PSOE, como explicó Mae de la Concha, otra activista cannábica de Unidas Podemos, en declaraciones a Cannopia.

Aurora en España

Un ejemplo paradigmático de la inseguridad jurídica a la que está sometido el sector empresarial cannábico en España es el de Aurora, multinacional canadiense que se estableció en España en julio de 2019 y que, apenas un año después, ha replegado alas y ha movido su sede a Italia, un país mucho más receptivo con el cannabis medicinal.

Aun con todo, Aurora fue el patrocinador de CannabMed y pudimos escuchar las palabras de Salvador García-Ruiz, quien fuera efímeramente director general de la filial española: «El principal obstáculo para la regularización del cannabis es el Partido Socialista Obrero Español, bien porque no quieren, bien porque no les interesa». García-Ruiz defendió que, en el caso del cannabis medicinal, «la discusión no tiene que ser ideológica sino científica».

Aquí puedes ver la segunda jornada del III Congreso CannabMed, dirigida al público general:

 Más información en CannabMed Forum. Con información de Cannopia, Con Salud y El Independiente.